Terrorismo y Justicia: más allá de un proceso penal

La acción de los poderes públicos puede ayudar sin duda a paliar sufrimientos personales. Su inacción sólo conlleva la perduración de las heridas.

Ante los efectos individuales que sufren las víctimas del terrorismo es imprescindible cerrar el ciclo de respuesta comunitaria siempre a través de la Justicia. Ésta puede ayudar a recolocar a la víctima en su condición perdida de ciudadano desde el momento en que fueron violentados sus derechos. Debemos recordar, aunque sea obvio, que la Justicia jamás podrá hacer absolutamente nada por los que han sido asesinados, de tal modo que el efecto judicial debe recaer entonces sobre los que sobreviven al acto terrorista: por un lado, los asesinos y sus cómplices; y, por otro, los heridos supervivientes y los familiares de los asesinados. La acción de los poderes públicos puede ayudar sin duda a paliar sufrimientos personales. Su inacción sólo conlleva la perduración de las heridas. En el duro recorrido de las víctimas de atentados terroristas, días como el de la lectura de la sentencia del 11-M adquieren una gran importancia.

Durante muchos años, las víctimas y familiares de asesinados por el terrorismo no se enteraban jamás de la celebración del juicio de los encausados por el delito que truncó sus vidas. La búsqueda de los sumarios en los archivos de la Audiencia Nacional, si se producía por la referencia de la víctima, era poco menos que imposible, porque aquellos estaban organizados a través de los detenidos y acusados. La víctima, incluso desde un aspecto puramente formal, pasaba a estar siempre en un segundo plano. Será preferible no recordar lo que ocurría con anterioridad a la promulgación de la Ley de Solidaridad con las víctimas de 1999, porque provocaría un sonrojo moral y democrático que ahora puede resultar sencillamente insoportable. En esa norma se facilita y se ampara, aunque sea parcialmente, el principio por el cual la Administración se comprometía a reparar lo reparable y reconocer lo irreparable.

La opinión de la mayoría de los ciudadanos acerca de estas injusticias humanas se vería clarificada si sintiéramos a los asesinados como nuestros y propios. Si efectuamos este pequeño ejercicio de introspección que nos permita llegar a acercarnos sólo un segundo a las posibles sensaciones de los hijos huérfanos, de las viudas o de los padres de hijos asesinados por el terrorismo, podremos entender el profundo valor que las víctimas otorgan a la Justicia. De todas las peticiones generales y sociales que las víctimas suelen reclamar con más fuerza -Memoria, Verdad, Dignidad, Justicia-, podemos observar que la petición de Justicia es la más generalizada, la más común a todo tipo de víctimas y sin la cual no se podrán hacer efectivas el resto de demandas a las que, además, engloba. La Justicia efectiva y concreta supone para todas las víctimas la herramienta a través de la cual pueden llegar a resituarse civilmente, recuperar su condición de ciudadanos como sujetos de derechos y emprender su recuperación personal.

La petición de Memoria resulta más difícil de concretar, y el umbral de percepción de la misma puede ser más subjetivo. Hasta en una misma familia hay quien desea recordar más y menos; hay quien desea hacerlo de manera más simbólica y quien, sin embargo, necesita referencias físicas más evidentes. Incluso todos ellos pueden no coincidir en el momento deseado para el recuerdo. Es posible, por lo tanto, que las Administraciones no acierten a gusto de todos en las formas de recordar y en cómo mantener viva la Memoria de las víctimas desaparecidas, pero, sin duda, será siempre peor la opción del olvido. Con todo, una Memoria sin Justicia por parte de los poderes públicos constituirá siempre el recuerdo de un pecado colectivo.

La petición de Dignidad también tiene un recorrido más subjetivo. Hay quien considera, yo entre ellos, que a muchos asesinados les llegaron a cercenar la vida, a arrebatarles de los suyos, a usurparles sus proyectos, pero nunca consiguieron alterar su dignidad. No podemos olvidar que esta petición actual que muchas agrupaciones de víctimas proclaman queda trasvasada a los supervivientes: heridos y familiares de asesinados. Si la respuesta del Estado no busca una Justicia plena y completa, reparadora para la víctima, punitiva para el victimario y preventiva para la sociedad, sería vacío hablar de Dignidad ante el fenómeno terrorista.

La Verdad reclamada por las víctimas se asienta en lo que los constructivistas definen como realidades de primer orden: "Una persona es asesinada y el asesino debe ser llevado ante la justicia". La víctima huye de lo que los constructivistas llaman realidades interpretativas o de segundo orden: "Una persona es asesinada porque existe un conflicto de origen no resuelto". Sin duda, la Justicia debe ceñirse a esa realidad no interpretativa y de primer orden, por la cual los hechos probados son filtrados por el compendio de leyes y códigos que entre todos nos hemos impuesto. La petición de Verdad también adquiere mayor dimensión si se une, desde el punto de vista de la Justicia, a la demanda de las víctimas para que las instancias internacionales consideren los actos de terrorismo como delitos de lesa humanidad y se posibilite así su no prescripción. De este modo, también la Verdad puede alcanzar a través de la Justicia un recorrido mucho mayor.

La Justicia ha sentenciado esta semana sobre los procesados tanto de los atentados del 11 de marzo de 2004 como del perpetrado por ETA en Vallecas el 11 de diciembre de 1995. Los veredictos se han redactado en relación a los hechos probados, y la resolución sobre éstos dará la medida de hasta dónde puede llegar la acción pública reparadora con la víctima y la acción retributiva con los victimarios encausados. Para que la verdad jurídica tenga el mayor alcance posible y se acerque lo más posible a la verdad de los hechos los resortes del Estado de Derecho deben trabajar siempre con la mayor diligencia, eficiencia y eficacia posibles. Entre todos hemos generado una estructura de Estado que, siendo fruto de la democracia, puede y debe ser constantemente mejorable.

Ante una resolución judicial cabe recurso, y su contenido puede suscitar opiniones, análisis y críticas. Pero el acatamiento es siempre reflejo de una sociedad madura. Puede que estos días se destaque más el malestar de algunas víctimas con la sentencia, aunque la acaten y al tiempo la puedan recurrir, pero lo verdaderamente peligroso es que simultáneamente algunos responsables de la Administración confirmen y manifiesten de antemano que no van a cumplir una determinada ley. Una vez más, las víctimas del terrorismo dando ejemplo de respuesta social y, en muchas ocasiones, de ejemplo incomprendido.